Luego de más de tres meses de discusión, las fuerzas políticas- menos PDG y Republicanos- decidieron finalmente cómo será el nuevo proceso constituyente. Recordemos en septiembre se rechazó la versión entregada por la Convención Constituyente. Tras la resolución, parlamentarios y representantes políticos se reunieron para reiniciar la creación de una nueva Carta Magna, aunque esta vez con algunos cambios.

Entre las diferencias más importantes está la incorporación de una Comisión Experta y de un Comité Técnico de Admisibilidad. Además, el Consejo Constitucional, elegido democráticamente y quién velará por los contenidos del texto, lo compondrán por 50 personas, 105 menos que en la CC.

El «Acuerdo por Chile«, como se le denominó, lo anunciaron los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y el de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Esta mañana ambos lo presentaron al presidente, Gabriel Boric, y la Secretaria de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, para su ratificación.

Este proceso comenzaría en enero del próximo año, con la instauración de la Comisión Experta, para terminar con un Plebiscito de ratificación en noviembre de 2023.

¿Cómo será el nuevo proceso constituyente?

El documento revela las bases que servirán como mínimos comunes en la creación de una nueva Constitución. Por ejemplo, se define el carácter democrático, unitario y descentralizado de Chile. Asimismo, se integra el reconocimiento de los Derechos Humanos en los tratados internacionales y a los pueblos indígenas «como parte de la nación chilena, que es una e indivisible«, en un claro guiño a la Plurinacionalidad.

Uno de los puntos más importantes es la definición de Chile como un Estado social y Democrático de Derecho «cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas».

Asimismo, se concreta la separación de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, este último compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Asimismo, se consagra la autonomía del Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Junto con esto, se definen los derechos protegidos constitucionalmente:

«derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros».

También se concreta la consagración de las Fuerzas Armadas, Policia de Investigaciones y Carabineros como instituciones subordinadas al poder civil. Asimismo, se rectifican los 4 estados de excepción vigentes: asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.

Por último, Chile se compromete al cuidado y conservación del medio ambiente.

Los órganos que definirán la nueva Constitución

El principal órgano redactor será el Consejo Constitucional, compuesto por 50 miembros de elección popular, que serán elegidos en Abril de 2023 por voto obligatorio. Estas tendrán la modalidad de circunscripción senatorial, con listas abiertas para partidos, pactos e independientes, y contará con principio de paridad. Su única misión será discutir y redactar una nueva propuesta constitucional, con aprobación de norma por 2/3 de sus miembros, y posterior ratificación del documento por el mismo quórum.

También se define la ampliamente discutida Comisión Experta. Está será conformada por 24 personas «de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria». 12 de estos serán elegidos por el Senado y 12 por los Diputados «en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas», y ratificado por 4/7 de cada Cámara. Este órgano deberá ser instalado el próximo mes.

El fin de la Comisión es generar un anteproyecto que defina las directrices para la posterior discusión del Consejo. Este documento previo contará con normativas aprobadas por 3/5 de los expertos. Posteriomente, la Comisión se integrará en la labor del Consejo, haciendo uso de la palabra (no voto) en cualquier discusión. Además, cuando la propuesta esté terminada, podrán proponer cambios en la redacción o el contenido de las normas, que serán aprobadas o rechazadas en última instancia por 3/5 o 2/3 de los miembros del Consejo.

Asimismo, existirá un Comité Técnico de Admisibilidad, que básicamente tendrá un rol de fiscalización de las normas previamente instaladas. Podrá accionar a requerimiento de 1/5 del Consejo y 2/5 de la Comisión, y podrá eliminar normas que no cuenten con los estándares de admisibilidad definidos por los otros órganos. Sus 14 miembros son elegidos por el Senado en propuesta única de la Cámara de Diputados.

El Consejo comenzará sus labores el 7 de junio de 2023, y entregarán la propuesta de Constitución el 7 de noviembre del mismo año, teniendo 6 meses de plazo. Un mes más tarde, el 17 de diciembre, está definido el Plebiscito ratificatorio (de salida) de la propuesta, que tendrá también carácter obligatorio.