La propuesta de nueva Constitución ya está lista y nos preguntamos qué pasará con la gratuidad en la educación superior. Durante esta semana encontramos varias publicaciones (1, 2 y 3) que afirman que si se aprueba la propuesta, se acabará con este beneficio.
Durante el proceso de redacción se votó en contra de establecer constitucionalmente este beneficio en dos ocasiones: en la Comisión Experta y en el Consejo Constitucional. Sin embargo, tampoco se estableció una restricción explícita a la gratuidad en la educación superior.
El texto consagra el financiamiento estatal para los niveles parvulario, básico y medio, basándose en un sistema de establecimientos públicos. En este sentido, se menciona que «en cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior«.
¿Qué pasa, entonces, con los establecimientos superiores que no sean parte del sistema público? En el mismo artículo se establece que la ley debe contemplar mecanismos para financiar a los estudiantes de la educación superior.
Por tanto, la propuesta no define ningún artículo que elimine la gratuidad en la educación superior. De hecho, los incisos recién mencionados «permiten» la subvención que se consagra en la Ley 21.091 sobre educación superior.
De todas formas, es importante saber que la gratuidad en la educación superior no es actualmente materia constitucional. Ni con la propuesta ni con la actual Constitución se asegura ni se prohíbe su existencia.
¿Cómo afecta la nueva Constitución en la gratuidad de la educación superior?
El profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Fermandois, explica que la nueva Constitución está lejos de eliminar la gratuidad en la educación superior:
«El texto dispone que la ley contemplará mecanismos que aseguren la no discriminación tributaria en el acceso y financiamiento de la educación superior. Además, autoriza a la ley para entregar financiamiento a la las instituciones estatales de educación superior», señala.
Para él, la noción de la eliminación de la gratuidad probablemente nace de una confusión, porque se establece que el Estado debe financiar un sistema gratuito solo en los niveles básicos y medios.
No obstante, explica que esto es «un deber expreso e ineludible de la obligatoriedad», y que, al ser la educación superior un nivel opcional, no se incorpora dentro de este grupo. «Pero eso no significa que el Estado abandone el financiamiento de la gratuidad«, expone.
Por su parte, para el profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Gonzalo García, este tema «quedará abierto al legislador«. Según menciona, ni la Constitución ni la nueva propuesta cuentan con restricciones (ni garantías) sobre las subvenciones en educación superior.
Asimismo, otros expertos (1) también plantean la posibilidad de que la propuesta entregue las condiciones óptimas para que posteriormente el Congreso elimine la gratuidad en la educación superior. En este sentido, dependerá de las interpretaciones que, en un futuro, hagan parlamentarios y abogados sobre el texto en este tema particular.
De todas formas, si en algo concuerdan los expertos, es que no hay ningún instrumento de la propuesta que elimine o prohiba (ni garantice) la gratuidad en la educación superior. Su discusión, se apruebe o no el texto en diciembre, quedará relegada al Congreso.
